Pero en realidad hemos visto medidas drásticas que, en mi opinión, atacan el principio del debido derecho administrativo. Además, estas medidas perjudican la reputación de Canadá en la comunidad internacional como un país serio y responsable en el tema de la inmigración, y cumplidor de sus obligaciones bajo diferentes tratados y convenciones internacionales.
Me pregunto hoy si es factible que los números de casos y procesos represados mermen notablemente. ¿A qué costo?
Hablemos primero de las medidas tomadas en la clase económica y familiar.
¿Qué es la clase económica? Hay que ponernos en contexto primero para entender a fondo el asunto. La legislación migratoria canadiense establece diferentes categorías migratorias, en las que muestra su pro-actividad hacia la inmigración. Estas son:
Clase económica, dividida en skilled workers (trabajadores calificados); la reciente Canadian Experience Class (trabajadores con experiencia canadiense); entrepreneuer (empresarios); self-employed (personas con una profesión no universitaria que viven de la misma); y finalmente investors (inversionistas).
La clase familiar, que está basada en uno de los primeros objetivos de la IRPA de reunificar a familias separadas por la inmigración a este país.
La clase humanitaria y de compasión, donde encontramos a los solicitantes de refugio (dentro de Canadá) y a los solicitantes de asilo político en las clases donde estos están por fuera de Canadá; por último encontramos aquí a aquellos con razones de compasión excepcionales, quienes pueden basar su aplicación de residencia a Canadá dentro o fuera del país.
El ministerio de inmigración, ciudadanía y multiculturalismo que ejerce en este periodo gubernamental ha abanderado el lema de “buscar un sistema de inmigración flexible y rápido”, aduciendo que los casos represados son tantos que no hay manera de ponerse al día. Esto es cierto, pero se han tomado medidas que atacan y perjudican a candidatos o solicitantes de la residencia canadiense que de buena fe, y atraídos por las campañas publicitarias y misiones emprendidas por el gobierno federal en el pasado, se han interesado en lo que este país ha salido a promulgar en el mundo.
En el caso de la clase económica el ministerio, muy inteligentemente, lanzó la campaña de “reset the button”, es decir “borrón y cuenta nueva”. Esto conllevó a decirle a todas las personas que aplicaron antes de febrero del 2008, “muchas gracias por esperar pero qué pena, ya no se procesará su aplicación”.¿Qué sentirán esas personas, animadas por la publicidad y la reputación internacional de nuestro país, quienes pacientemente aguardaron una respuesta y que luego de más de cinco años de espera les digan “ya no va mas”? Como se diría en baseball, “la pelota ya no va más”. El gobierno decidió regresarles el dinero invertido en el costo de la aplicación. Pero señor ministro, ¿sabe usted qué hace una persona para aplicar a Canadá? ¿Sabe qué debe aportar como evidencia en su aplicación? ¿Y que además lleva más de cinco años esperando?
Como testigo de eso puedo decirle que estas personas ilusionadas en venir al país que “quiere y respeta a los inmigrantes” ponen sus vidas a la espera de la decisión, invierten dinero en traducciones, documentaciones, trámites notariales y otros papeleos necesarios para la culminación, y además posponen muchos aspectos de su vida en espera de emigrar a Canadá. Todo esto como resultado de la pro-actividad que Canadá como país ha dado a conocer desde los años 90 cuando misiones gubernamentales empezaron a promocionar el país. Ahora ¿cómo quedamos frente a esos miles de candidatos defraudados? ¿En dónde quedó nuestra reputación?
Es importante mejorar los procesos pero no a un costo irreparable. Por ejemplo, hay que revisar la eficiencia de los oficiales que estudian los casos, considerando nuevos métodos de eficiencia como el de lean manufacturing. Esta es una solución factible y alcanzable. Es más, en el boletín de prensa publicado en la página electrónica de Inmigración el 17 de septiembre del 2012, el Comité Permanente de Ciudadanía e Inmigración recomendó al parlamento tomar medidas para asegurar que el numero de aplicaciones corresponda al número que puedan ser procesadas y por ende al número de inmigrantes admitidos.
No importa el proceso que se implemente si no se tiene el personal adecuado o si el número de inmigrantes aceptados por año no aumenta; la represión de casos será inevitable. De nuevo se está castigando al objeto del crimen y no a la persona que comete el crimen.
¿Por qué si el país invirtió años y recursos financieros provenientes del fisco publico para atraer inmigrantes, ahora estamos castigando a esos “atraídos” en vez de mejorar el sistema existente?
La próxima vez hablaremos sobre las medidas de protección al sistema de refugio. ¿Por qué las reformas hablan de “criminales extranjeros” y “solicitantes de refugio que abusan del sistema”, entre otros?
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